LA MARCHA VERDE: CÓMO ESPAÑA PERDIÓ EL SÁHARA OCCIDENTAL Y NACIÓ UNO DE LOS CONFLICTOS MÁS LARGOS DEL MUNDO
En la historia contemporánea de España existen pocos acontecimientos que hayan tenido unas consecuencias tan profundas y duraderas como la Marcha Verde. En apenas unos días de noviembre de 1975, el Gobierno español decidió abandonar el Sáhara Occidental, un territorio administrado como provincia española desde mediados del siglo XX, mientras Marruecos organizaba una gigantesca movilización civil destinada a forzar la retirada española sin recurrir a una guerra abierta. Aquellos acontecimientos modificaron el equilibrio político del Magreb, dieron origen a un largo conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario y dejaron pendiente uno de los últimos procesos de descolonización reconocidos por las Naciones Unidas.
Para comprender por qué la Marcha Verde tuvo tanto éxito es necesario retroceder varias décadas. La presencia española en la costa atlántica del Sáhara se remontaba al siglo XIX, cuando las potencias europeas competían por el reparto colonial de África. En la Conferencia de Berlín de 1884-1885, España obtuvo el reconocimiento internacional sobre diversos territorios situados entre Cabo Bojador y Cabo Blanco. Aunque durante muchos años el dominio español fue limitado y apenas se extendía más allá de algunos puestos costeros, con el paso del tiempo la administración fue consolidándose mediante acuerdos con las tribus locales y mediante campañas militares que aseguraron el control efectivo del territorio.
El descubrimiento de importantes yacimientos de fosfatos en Bucraa durante la década de 1960 incrementó enormemente el valor económico del Sáhara. A ello se sumaban los ricos caladeros pesqueros del Atlántico, considerados entre los más productivos del mundo. Lo que hasta entonces había sido una colonia periférica pasó a convertirse en un activo estratégico para España.
En aquellos años el contexto internacional estaba cambiando rápidamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se aceleró en África y Asia. Naciones Unidas impulsó el principio de autodeterminación de los pueblos coloniales, y numerosas potencias europeas comenzaron a conceder la independencia a sus territorios de ultramar. España tampoco escapó a esa presión internacional.
En 1958 el Sáhara dejó oficialmente de ser una colonia para convertirse en una provincia española. Sobre el papel, sus habitantes gozaban de un estatuto similar al de cualquier otra provincia del Estado. Sin embargo, aquella decisión no eliminó las crecientes demandas internacionales para que se permitiera a la población saharaui decidir libremente su futuro.
Mientras tanto, Marruecos desarrollaba una política exterior basada en el concepto del denominado "Gran Marruecos". Según esta visión, defendida especialmente por sectores nacionalistas y por el propio rey Hasán II, diversos territorios vecinos —entre ellos el Sáhara Occidental— formaban parte histórica del reino marroquí antes de la colonización europea y debían reincorporarse al Estado marroquí tras la independencia.
Mauritania también presentó reclamaciones sobre la parte meridional del territorio, argumentando vínculos históricos y culturales con determinadas tribus saharauis. España se encontraba así atrapada entre las presiones internacionales favorables a la descolonización y las aspiraciones territoriales de dos países vecinos.
A finales de los años sesenta comenzaron a surgir movimientos nacionalistas saharauis. El más importante terminaría siendo el Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, más conocido como Frente Polisario, fundado en 1973. Su objetivo era claro: lograr la independencia del Sáhara Occidental mediante la lucha armada contra la administración española y frente a cualquier intento de anexión por parte de Marruecos o Mauritania.
Durante sus primeros años de existencia, el Frente Polisario llevó a cabo una campaña de guerrillas de intensidad limitada contra las fuerzas españolas. Aunque militarmente no suponía una amenaza capaz de expulsar a España del territorio, sí consiguió atraer la atención internacional hacia la cuestión saharaui y consolidarse como el principal representante político de una parte importante de la población autóctona. Su aparición cambió por completo el escenario político, ya que el futuro del Sáhara dejaba de ser únicamente una disputa entre Estados para incorporar las aspiraciones de un movimiento nacionalista que reclamaba la independencia.
España trató inicialmente de mantener el control mediante una combinación de inversiones, mejoras en las infraestructuras y una mayor integración administrativa del territorio. La explotación de los fosfatos de Bucraa había convertido al Sáhara en una región económicamente relevante, mientras que la pesca atlántica proporcionaba importantes beneficios. Además, el descubrimiento de posibles recursos petrolíferos aumentaba todavía más el interés estratégico de la zona.
Sin embargo, el contexto internacional jugaba en contra de Madrid. La Organización de las Naciones Unidas aprobaba periódicamente resoluciones que instaban a España a culminar el proceso de descolonización mediante un referéndum de autodeterminación. La diplomacia española intentó ganar tiempo mientras estudiaba distintas fórmulas que permitieran mantener cierta influencia sobre el territorio, pero cada año resultaba más difícil justificar el mantenimiento de una administración colonial.
En 1974 el Gobierno español anunció oficialmente su intención de organizar un referéndum para que los saharauis decidieran entre la independencia, la integración en Marruecos o cualquier otra alternativa política. Para ello comenzó un censo de la población con derecho a voto, un proceso extremadamente complejo debido al carácter seminómada de muchas tribus del desierto.
La decisión alarmó profundamente al rey Hasán II. Si el referéndum se celebraba bajo supervisión internacional, existía la posibilidad de que el resultado favoreciera la independencia, frustrando definitivamente las aspiraciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Por ello, Rabat intensificó su ofensiva diplomática y decidió trasladar el conflicto al plano jurídico internacional.
Marruecos solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que emitiera una opinión consultiva sobre los vínculos históricos existentes entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos antes de la colonización española. El objetivo era obtener un respaldo legal que legitimara sus reivindicaciones territoriales.
Tras meses de estudio, el Tribunal emitió su dictamen el 16 de octubre de 1975. El fallo resultó mucho más matizado de lo que esperaba Marruecos. Los jueces reconocieron que algunas tribus saharauis habían mantenido relaciones de lealtad religiosa o política con el sultán marroquí y que también existían vínculos históricos con entidades situadas en la actual Mauritania. Sin embargo, la conclusión principal fue inequívoca: aquellos lazos no implicaban soberanía territorial y no anulaban el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante la autodeterminación.
Desde el punto de vista jurídico internacional, el dictamen suponía una victoria para quienes defendían la celebración del referéndum. Sin embargo, Hasán II supo convertir una resolución aparentemente desfavorable en una oportunidad política. Apenas unas horas después de conocerse la opinión del Tribunal, anunció ante millones de marroquíes la organización de una gran movilización nacional destinada a "recuperar pacíficamente" el Sáhara.
Aquella iniciativa recibió el nombre de Marcha Verde.
La operación fue cuidadosamente preparada durante semanas. El Gobierno marroquí seleccionó a cientos de miles de voluntarios procedentes de todas las regiones del país. Muchos fueron transportados en trenes, camiones y autobuses hasta las proximidades de la frontera con el Sáhara Español. Cada participante recibió una bandera marroquí y un ejemplar del Corán. El mensaje era claro: no se trataba de una invasión militar, sino de una marcha pacífica destinada a demostrar la voluntad del pueblo marroquí.
Sin embargo, detrás de aquella imagen cuidadosamente construida existía un importante dispositivo militar. Mientras los civiles avanzaban hacia la frontera, decenas de miles de soldados permanecían desplegados en retaguardia preparados para intervenir si España decidía responder por la fuerza. La movilización civil funcionaba, por tanto, como un eficaz instrumento de presión política respaldado por una amenaza militar implícita.
En aquellos mismos días, la situación política española era extraordinariamente delicada. Francisco Franco agonizaba tras varias semanas hospitalizado y el Gobierno afrontaba una de las mayores crisis institucionales desde el final de la Guerra Civil. La incertidumbre sobre la sucesión, el temor a una escalada internacional y la voluntad de garantizar una transición política ordenada condicionaron profundamente todas las decisiones adoptadas respecto al Sáhara.
Mientras Marruecos ultimaba los preparativos de la Marcha Verde, el Ejército español reforzaba sus posiciones defensivas. Las unidades desplegadas en el territorio recibieron órdenes de prepararse para un posible enfrentamiento. Comenzaba una de las mayores crisis militares de la historia reciente de España.
La defensa del Sáhara Occidental recaía en un contingente español perfectamente organizado y considerablemente mejor equipado que cualquier fuerza marroquí desplegada en la frontera. A mediados de 1975, España mantenía en el territorio alrededor de 20.000 soldados, pertenecientes a la Legión, Tropas Nómadas, Policía Territorial, unidades paracaidistas, artillería, ingenieros y aviación. La mayor parte de estos efectivos llevaba años destinada en el desierto y conocía perfectamente un terreno extremadamente duro para cualquier ejército extranjero.
Además del componente humano, España disponía de una importante superioridad tecnológica. La Fuerza Aérea contaba con cazas F-5 Freedom Fighter, aviones de ataque HA-200 Saeta, helicópteros y aviones de transporte capaces de operar desde los aeródromos de El Aaiún y Villa Cisneros. La Armada podía controlar las aguas del litoral sahariano y garantizar el abastecimiento del territorio, mientras que las posiciones defensivas habían sido reforzadas durante meses ante la creciente tensión con Marruecos.
Los planes de contingencia elaborados por el Estado Mayor contemplaban diversos escenarios. Si la Marcha Verde derivaba en una invasión militar, las fuerzas españolas podían bloquear los principales accesos mediante campos de minas, obstáculos defensivos y fuego de artillería. Desde un punto de vista estrictamente militar, pocos analistas dudaban de que España poseía capacidad suficiente para impedir la ocupación del territorio, al menos en una primera fase del conflicto.
Sin embargo, la cuestión ya no era exclusivamente militar.
El Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro debía tomar una decisión bajo unas circunstancias excepcionales. Francisco Franco permanecía gravemente enfermo y el príncipe Juan Carlos ejercía interinamente la Jefatura del Estado. España se encontraba al borde de un cambio político de enormes dimensiones, mientras la comunidad internacional observaba con preocupación cualquier posibilidad de guerra en el norte de África.
Una intervención armada contra cientos de miles de civiles podía provocar un enorme coste político y diplomático. Aunque Marruecos insistía en el carácter pacífico de la marcha, las autoridades españolas eran plenamente conscientes de que entre los manifestantes podían producirse incidentes imposibles de controlar. Bastaba un solo disparo para desencadenar una tragedia de enormes proporciones y abrir un conflicto internacional de consecuencias imprevisibles.
Por ello, el Alto Mando recibió instrucciones muy estrictas. Las tropas debían mantener sus posiciones y estar preparadas para responder si eran atacadas, pero se intentaría evitar el uso de la fuerza contra la multitud mientras existiera una salida diplomática.
El 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde comenzó oficialmente. Decenas de miles de civiles avanzaron hacia la frontera portando banderas nacionales, ejemplares del Corán y retratos del rey Hasán II. Las imágenes fueron retransmitidas por numerosos medios internacionales y ofrecían la impresión de una movilización popular espontánea, aunque en realidad toda la operación había sido cuidadosamente organizada por el Estado marroquí.
Los manifestantes penetraron algunos kilómetros en la zona fronteriza antes de detenerse. Las tropas españolas permanecieron inmóviles, siguiendo las órdenes recibidas. Durante aquellos momentos de máxima tensión, ambos gobiernos mantenían intensas negociaciones diplomáticas mientras el mundo esperaba comprobar si el conflicto desembocaría en una guerra.
La presión ejercida por Marruecos resultó extraordinariamente eficaz. La combinación de movilización popular, amenaza militar, respaldo de varios aliados internacionales y la debilidad política española inclinó definitivamente la balanza.
Pocos días después comenzaron las conversaciones que culminarían en uno de los acuerdos más controvertidos de la historia exterior española del siglo XX.
El 14 de noviembre de 1975 se firmaron los llamados Acuerdos de Madrid, mediante los cuales España aceptaba retirarse del Sáhara Occidental antes del 28 de febrero de 1976. La administración del territorio sería transferida temporalmente a Marruecos y Mauritania, que pasarían a ocupar las zonas norte y sur respectivamente.
Conviene señalar que aquellos acuerdos no suponían una cesión formal de la soberanía. España únicamente transmitía la administración del territorio, ya que, conforme al Derecho Internacional y a la posición mantenida posteriormente por Naciones Unidas, la soberanía del Sáhara Occidental nunca fue legalmente transferida mediante los Acuerdos de Madrid. Este aspecto jurídico sigue siendo uno de los elementos centrales del conflicto hasta nuestros días.
Mientras la diplomacia negociaba, miles de saharauis observaban con incertidumbre cómo la potencia administradora abandonaba el territorio sin haber celebrado el prometido referéndum de autodeterminación. Para el Frente Polisario, aquello constituía una auténtica traición. Para Marruecos representaba una victoria política sin precedentes. Para España suponía el final de casi un siglo de presencia colonial en el Sáhara.
La retirada española abriría inmediatamente una nueva etapa mucho más violenta: la guerra entre Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario, un conflicto que transformaría para siempre la historia del Magreb y convertiría a decenas de miles de saharauis en refugiados.
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